La pandemia de COVID-19 sobrevino en un contexto de gran desigualdad y baja movilidad social (PDF, en inglés) en muchas economías en desarrollo y amplificó esas desigualdades. Asimismo, plantea riesgos considerables para la equidad y la movilidad social a largo plazo,  tal como señalamos en un documento reciente (i), en el que utilizamos evidencias de crisis pasadas e ideas preliminares que se apoyan en datos recopilados durante esta pandemia.

Las enseñanzas de la historia: las pandemias acentúan la desigualdad

En un estudio (i) publicado recientemente sobre los efectos de cinco pandemias que se produjeron entre 2003 y 2016 se concluye que, en promedio, la desigualdad de ingresos en los países afectados se incrementó de forma sostenida durante los cinco años posteriores a cada evento, y que el efecto fue mayor cuando la crisis dio lugar a la contracción de la actividad económica, como en el caso de la COVID‑19.

En vista de los impactos mucho mayores de esta pandemia en los ingresos (i), es probable que las estimaciones históricas subestimen los posibles efectos a largo plazo de la COVID-19.  Asimismo, cinco años después de una pandemia es demasiado pronto para que se manifiesten en su totalidad los impactos en la igualdad de oportunidades y la movilidad social. La reducción de la movilidad social, o la mayor persistencia de resultados en rubros como la educación y los ingresos a través de distintas generaciones, limitan los avances de la sociedad perpetuando la desigualdad (i) y reduciendo el crecimiento económico y la cohesión social a lo largo del tiempo.

Lo que muestran las primeras evidencias: la COVID-19 está afectando en mayor medida a los más pobres, lo que contribuye al aumento de la desigualdad. Las proyecciones a corto plazo realizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sugieren que en 2020 probablemente aumenten la pobreza extrema en todo el mundo y la desigualdad de ingresos en las economías emergentes y de ingreso bajo. Dentro de los países, los primeros datos indican que los impactos de la pandemia en el mercado laboral son asombrosamente desiguales, dado que varían según las características de los empleos, los trabajadores y las empresas.  Los datos del panel de seguimiento de la COVID-19 (i) muestran que en la mayoría de los países los trabajadores con formación universitaria son menos propensos a dejar de trabajar que los que tienen menos educación, y que las mujeres son más propensas que los hombres a dejar de trabajar. Los sectores que registraron la tasa de pérdida de empleo más alta fueron la industria y los servicios urbanos, donde en general los puestos de trabajo son los menos aptos para la modalidad de trabajo desde la casa. Según encuestas telefónicas realizadas a empresas (i), las microempresas y pequeñas empresas tienen mayor probabilidad de caer en mora que las grandes empresas. Así, en el caso de estas empresas, la pérdida temporaria de ingresos puede conllevar el deterioro a largo plazo de los empleos y del capital empresarial, lo que afecta en forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, poco calificados o sin acceso a capital.

Las disrupciones escolares también suelen perjudicar en mayor medida a los más pobres. En Etiopía (i) y Nigeria (i), por ejemplo, era mucho más probable en el 20 % más rico de los hogares que en el 20 % más pobre que los niños realizaran actividades de aprendizaje tras el cierre de las escuelas.

Qué esperar en el futuro: tres razones para preocuparse por el aumento de la desigualdad a largo plazo
Las evidencias derivadas de desastres anteriores sugieren que no solo los impactos en el bienestar de los hogares más pobres pueden ser mayores, sino que la recuperación posterior a la crisis también puede ser más lenta  (gráfico 1). Actualmente, vemos tres motivos de preocupación y consideramos que, a menos que se aborden, esta crisis también seguirá ese mismo patrón.

Gráfico 1: La desigualdad y las crisis: un círculo vicioso

La desigualdad y las crisis: un círculo vicioso

Si bien actualmente no se sabe cuánto durará la recesión, las evidencias apuntan a los impactos prolongados de la pérdida de empleo. Para las personas que se incorporan por primera vez al mercado laboral, un período de desempleo puede dar lugar a la reducción de ingresos de por vida debido al tiempo perdido de (posible) experiencia, la depreciación de las habilidades y los efectos negativos a largo plazo, lo que puede afectar gravemente a los trabajadores de hogares más pobres y menos calificados. Por razones similares, el aumento de la tasa de pérdida de puestos de trabajo entre las mujeres también puede tener un impacto persistente en el empleo y los salarios de dicha población. 

Las estrategias que los hogares pobres están utilizando para hacer frente a las pérdidas de ingreso son costosas a largo plazo. Las evidencias extraídas de desastres anteriores muestran que, cuando los grupos desfavorecidos experimentan conmociones, son más propensos a adoptar estrategias de respuesta —como reducir el consumo de alimentos y vender activos productivos— que llevan a una menor acumulación de capital humano y físico. La falta de nutrición en el caso de los niños y las madres tiene consecuencias perjudiciales a largo plazo.  Según datos obtenidos de encuestas telefónicas (i) realizadas en 33 países, la reducción del consumo es la estrategia más común que utilizan los hogares para hacer frente a las pérdidas de ingreso asociadas a la COVID‑19: la adoptan, en promedio, alrededor del 40 % de los hogares. Esto se ve confirmado por el alto nivel de inseguridad alimentaria que surge de las encuestas: en la mitad de los hogares (valor promedio) de los países más pobres, algunos de los integrantes se salteó al menos una comida en el último mes por falta de recursos.

Las disrupciones escolares tendrán efectos a largo plazo. En la mayoría de los países de ingreso bajo incluidos en las encuestas telefónicas, los niños de menos del 30 % de los hogares completaron al menos una tarea asignada por un docente desde el cierre de las escuelas. Los datos preliminares provenientes de países de ingreso alto (como Bélgica [i] y los Países Bajos [i]) sugieren que existen importantes pérdidas de aprendizaje que contribuyen al aumento de la desigualdad educativa. Las simulaciones realizadas por el Banco Mundial indican que, debido a los cierres vinculados a la COVID-19, se perderá en todo el mundo casi medio año de escolarización, ajustada en función de la calidad,  y que una gran proporción de las pérdidas afecta a los niños de las familias más vulnerables. Las pérdidas de aprendizaje pueden generar costos irreversibles a largo plazo para las personas y para la sociedad en igual medida. Las evidencias derivadas de desastres anteriores (i) sugieren que la disrupción educativa y el trauma de las conmociones pueden afectar negativamente el aprendizaje y provocar diferencias que resultan observables al cabo de unos años. Un estudio (i) muestra que, durante la pandemia de poliomielitis que se produjo en 1916 en Estados Unidos, las personas de entre 14 y 17 años de edad alcanzaron un menor nivel educativo que el grupo ligeramente mayor que ya había finalizado la escolarización. Asimismo, mientras los hogares vulnerables de los países en desarrollo sufren pérdidas de ingreso, en particular después del cierre de un establecimiento escolar, algunos pueden mostrarse menos dispuestos (i) a volver a enviar a los niños a la escuela.

Para mitigar el aumento de la desigualdad, es imprescindible formular políticas con un enfoque de equidad es necesario hacer hincapié en abordar las desigualdades. Cualquier tipo de mitigación de las desigualdades a corto plazo en el impacto reduce la carga que recae sobre las políticas de cerrar las brechas a más largo plazo generadas por desigualdades pasadas.  Durante la etapa de recuperación de mediano y largo plazo, el objetivo general de las políticas sería promover una recuperación durable e inclusiva, mientras se genera resiliencia entre la población vulnerable contra crisis futuras, para lo cual las siguientes políticas pueden revestir importancia crítica:

Promover inversiones en salud y educación, sobre todo para beneficiar desde muy temprano a los niños. Esto incluiría intervenciones para ayudar a los niños y a los padres en el proceso de regreso a la escuela, evitando las deserciones y brindando apoyo a los que están rezagados.
Generar condiciones equitativas en el mercado laboral. El reingreso de los desempleados al mercado laboral, incluido el de las mujeres y los jóvenes, puede facilitarse mediante políticas activas para dicho mercado y actividades de capacitación,  y mejorando el acceso a servicios de atención infantil asequibles y las políticas de licencia parental.

Ampliar el acceso a servicios financieros y a la tecnología. La promoción de productos financieros de bajo costo, la mejora de la información financiera y la ampliación del acceso a infraestructura y tecnología digitales ayudarían a las microempresas y pequeñas empresas, que son fundamentales para volver a proporcionar empleo a los trabajadores vulnerables, a seguir operando y volverse más competitivas.

Invertir en redes de protección social y en seguro social. Para brindar apoyo rápido a los hogares que los proteja de la pérdida de activos humanos y físicos durante la crisis, es necesario invertir desde el principio en los elementos fundamentales que permitan ampliar las redes de protección social cuando sea necesario —como los registros sociales y los sistemas de pago móvil— y evaluar constantemente los riesgos a los que se enfrenta el país.

El momento en que se reconstruyen las economías es el momento para priorizar la inclusión y la equidad, y generar resiliencia para hacer frente a futuros desastres.  La pandemia también puso de relieve que en la formulación de políticas fiscales se debe planificar el aumento del gasto en el caso de una crisis para ayudar a los hogares a gestionar los impactos. Sin embargo, una manera eficiente y eficaz en función de los costos de lograr que nuestras sociedades sean más resilientes a crisis futuras es abordar hoy mismo las desigualdades estructurales reduciendo las brechas relacionadas con las dotaciones y las capacidades entre las miembros de la sociedad que más tienen y los que menos tienen.

Fuente: Confederación de Cooperativas de Colombia