No podemos ser ajenos a la situación de nuestro país: ocupa el cuarto lugar en la región con mayor cantidad de muertos por covid-19, después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada mediante un plan de atención que se puede considerar como un fracaso. Pero además recientemente el Dane nos reveló que el 42,5% de la población está en condición de pobreza monetaria y el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. Y a estos datos le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700  y 1100 personas defensoras de derechos humanos (cifras que varían según provengan de fuentes civiles o de instituciones gubernamentales).

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