Hace poco menos de un año, antes de que se empezaran a revelar las conclusiones del último censo nacional, el DANE publicó varias cifras que pasaron inadvertidas. Se trataba de una serie de datos con buenas noticias para Colombia. Uno de ellos indicaba que después de varios años de lucha, muchas personas habían superado la pobreza: 182.000 en las cabeceras municipales y 73.000 en las zonas rurales. Pero detrás de ese pequeño avance se ocultaba una vieja realidad: entre el campo y la ciudad seguía existiendo una gran brecha. Mientras en estos últimos territorios la pobreza multidimensional apenas llegaba al 17 %, en los llamados centros poblados y rurales dispersos esa cifra era mucho mayor: 36 %.

La diferencia ya había sido resaltada en varias ocasiones. Hace un par de años, por ejemplo, el Censo Agropecuario había arrojado unos números inquietantes. El más preocupante, quizá, mostraba que el 47 % de la población rural de Colombia seguía viviendo en condiciones de pobreza. “El desarrollo del campo es una de las deudas históricas de Colombia”, había apuntado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en un breve boletín en el que también insistía en una antigua ecuación: para romper la desigualdad entre el campo y la ciudad hay que, entre otras cosas, anteponer el interés de las comunidades rurales por encima de los intereses particulares.

¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera materializar esas fórmulas? ¿Cuál es el camino para quebrar esa vieja disparidad que, pese a las evidencias, no ha podido ser remediada? ¿Será posible alguna vez saldar esa vieja deuda?

Encontrar las respuestas a esas preguntas no es fácil. Por muchos años, la academia y los políticos de turno han intentado resolverla sin mucho éxito. Sin embargo, pese a los fracasos, desde principios de este siglo en muchos territorios empezaron a gestarse iniciativas que, poco a poco, han logrado encontrar caminos para responder esos interrogantes. Comunidades que producen bocadillo con denominación de origen en Santander y Boyacá, campesinos que exportan aguacate hass desde el Valle del Cauca, proyectos de turismo impulsados por indígenas en el Urabá y cultivos sostenibles de cacao en el Alto Patía son algunos de los ejemplos que, con el tiempo, han comenzado a replicarse en todo el país, creando nuevas dinámicas económicas y sociales.

En términos un poco más técnicos, se trató de una serie de planes apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ya habían dado resultado en algunas comunidades italianas en los años 50 y en ciertos pueblos africanos. También en diversos territorios de Centroamérica, como El Salvador, donde habían logrado construir asociaciones que permitieron que varias comunidades recuperaran su liderazgo tras doce años de guerra civil.

En el caso colombiano esas Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL), como las llamaron, fueron construidas de manera participativa luego de intensos diálogos entre universidades, funcionarios y asociaciones locales. Como dice Carlos Callejas, director de la Red Adelco —que reúne las diez ADEL existentes—, se trata de territorios con economías y lógicas de mercado propias. En otras palabras, la mejor muestra de que se puede construir “de abajo hacia arriba”.

“Son medios para promover la productividad, la competitividad empresarial y la generación de empleo. Contribuyen a la reducción de pobreza por medio de un crecimiento sostenible e inclusivo”, explica Francisco García, jefe de Cooperación de la Unión Europea (UE) en Colombia, una entidad que ha estado apoyando estos programas por cerca de 15 años.

Estas iniciativas, hoy impulsadas por muchos actores regionales, están a punto de dar un paso histórico: concretar, después de casi una década de trabajo, una “política pública de desarrollo económico local”. Impulsada por el Ministerio de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unión Europea, la Red Adelco y otros actores provenientes de la academia, esta política busca, en palabras muy simples, que se promuevan, identifiquen y legitimen esas estrategias de desarrollo en todo el país; para ser precisos, en las 140 subregiones que conforman a Colombia.

Saúl Pineda Hoyos, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene una buena frase para sintetizar ese esfuerzo, que estará incluido de manera explícita en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Se planteará una nueva visión del desarrollo territorial, que busca aprovechar las potencialidades territoriales como motor del crecimiento y equidad de todas las regiones mediante política y programas sensibles a las características del territorio”. La premisa de la que parte es simple: “Solo al conectar territorios y gobiernos se podrá promover el crecimiento endógeno regional”.

En realidad, como cuenta Callejas, la idea de sacar adelante esta política pública nació en el 2010, pero, por los avatares del destino y del sector público, quedó olvidada en una gaveta. Y ahora, luego de que parte del territorio latinoamericano ha impulsado iniciativas similares, parece evidente la necesidad de revivirla.

“Se retomó para recoger los elementos vitales del desarrollo económico local”, advierte Callejas. “El propósito es darle sentido a ese ejercicio que están haciendo los departamentos de mirarse hacia adentro. Es darle sentido a la agenda económica de las provincias, de las subregiones, de la competitividad departamental”.

A principios de este siglo, Boaventura de Sousa Santos, el popular sociólogo portugués, publicó un libro al que tituló Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista. En él recogía varias experiencias que se estaban expandiendo en el mundo y que surgían como formas alternativas a ese fenómeno llamado globalización. Uno de los capítulos, escrito por el intelectual peruano Aníbal Quijano, resaltaba la importancia de esos nuevos caminos, vitales para los territorios rurales. Entre los “sistemas alternativos de producción”, como los llamaba, resaltaba dos vertientes que se había replicado en América Latina: la economía solidaria y la economía popular.

Saltándonos los detalles de su análisis y varias de sus críticas, lo cierto es que esas formas alternativas surgieron como una de las soluciones para resolver las eternas disparidades entre las zonas rurales y urbanas. En palabras de Francisco García, estos mecanismos han surgido como la alternativa para promover un “desarrollo armonioso” que permita reducir las desigualdades entre las regiones a partir de esas “otras formas” de economía. Como dice Callejas, hablar de economía no es solo enfocarse en el resultado económico, también “incluye la construcción de un tejido social, institucional y territorial”.

Los ejemplos sobran: hay en el Valle de Tenza, en Villa de Leyva, en Pasto, en el nororiente caucano, en Tumaco (Nariño) y en Valledupar. También en Tame (Arauca), en el norte del Valle y en Apartadó (Antioquia). ¿Cómo lograr que se repliquen en todo el país? Pineda, del Mincit, sabe que no es fácil, pero cree que para que eso suceda es esencial la política pública en desarrollo económico local que se está cocinando y que pronto verá la luz.

¿La razón? Por un lado, al promoverla también se fomentará una idea clave que, desde hace décadas, ha tratado de implementarse en Colombia: la descentralización y con ella estrategias locales de desarrollo. Por otro lado, una política pública es vital para que esos actores de los territorios “se empoderen y lideren sus procesos de desarrollo”.

Lograrlo no es una tarea sencilla y requiere el esfuerzo de muchos actores. Tanto a escala nacional como territorial. Sin embargo, a diferencia de hace diez años, hoy, al parecer, están dadas todas las condiciones para que, dentro de poco tiempo, el país logre un documento que unifique y materialice esas ideas. En caso de llevarlo a buen término, los pronósticos de Callejas son esperanzadores: “Empezaremos a hablar de más economías, de comercio justo, de comercio responsable, de la protección del territorio. Hablaremos de economías sanas para territorios sanos. Si lo logramos, habrá más calidad de vida en los territorios”.

Fuente: El Espectador