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Política pública para la economía solidaria y cooperativa: deuda histórica con Colombia

El marco legislativo colombiano no ejerce un impacto efectivo sobre el crecimiento de las cooperativas y la economía solidaria, e incluso la legislación se vuelve una traba para el desarrollo del sector.

Confecoop en su labor de promoción del sector cooperativo frente a los actores políticos y gubernamentales en el país, los gremios económicos y la sociedad colombiana, viene realizando durante los últimos años una apuesta que se centra en impulsar una propuesta de política pública, de cara a los Planes Nacionales de Desarrollo.
El cooperativismo en Colombia se viene reglamentando desde la Ley 134 del año 1931 y, hasta la fecha, se han sancionado 15 Leyes, 28 Decretos y 2 documentos de modernización y desarrollo del sector solidario por parte del CONPES. A esto, se suma la Ley 454 de 1998 y 4 Decretos que incluye, además de las cooperativas, la economía solidaria en su conjunto.


La investigación realizada por Hernández y Olaya (2018) revisa el marco legislativo colombiano y evalúa el impacto sobre el crecimiento del sector cooperativo desde el año 1933 hasta el 2014, fechas en las cuales se aprobaron las principales modificaciones normativas del sector. El interés del estudio se centró en medir a través del análisis de intervención (técnica econométrica) si los cambios legislativos tuvieron un impacto positivo sobre la economía cooperativa colombiana, y de cuánto fue ese impacto.


Al valorar el efecto de tres de las principales leyes promulgadas el siglo pasado sobre el crecimiento del sector cooperativo (Ley 128 de 1936, la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998), los autores encuentran que cada una de estas leyes tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento promedio de las organizaciones cooperativas (-0,9%, -3,6% y -0,1% respectivamente). 


Al realizar la misma evaluación sobre las leyes 1598 de 1963 y 24 de 1981, los impactos fueron positivos para el crecimiento de las cooperativas (en promedio 9% y 5,1% respectivamente). Sin embargo, estadísticamente no son significativos los resultados obtenidos y, en consecuencia, se puede concluir que desde hace casi cuatro décadas la reglamentación ha frenado, limitado, o restringido el crecimiento de las cooperativas en Colombia.


Los datos obtenidos se complementan con las conclusiones de estudios similares. Por ejemplo, Carlos Uribe menciona sobre el marco normativo del Estado que “si la acción no ha sido más eficaz se debe en buena parte a la desproporción entre los objetivos de desarrollo cooperativo señalados en las Leyes y en las declaraciones oficiales, por una parte, y por otra, los recursos suministrados efectivamente por el Estado para el logro de tales objetivos” (Citado por Caro, 2013. Pp. 225).


Argumentos similares ha formulado la Procuraduría General de la Nación, donde afirma que la Ley 454 de 1998 “ha tenido una eficacia muy alta en materia de supervisión, pero en materia de fomento y promoción, nuevamente se ha quedado escrita” (Procuraduría General de la Nación, 2011. Pp. 95). De hecho, la legislación se ha centrado en vigilancia, por encima del fomento del sector. “De las 50 Leyes y Decretos cooperativos, el 6% se asocian con la formalización del sector, el 31% con lineamientos para el crecimiento y el 63% para actividades de monitoreo, vigilancia y control” (Hernández y Olaya, 2018. Pp. 155).


Los autores concluyen con estos resultados que la dispersión y falta de coherencia de la regulación del sector y el énfasis de la supervisión y la vigilancia, por encima del fomento y el fortalecimiento de cooperativismo, han generado que el marco legislativo colombiano no tenga un impacto efectivo sobre el crecimiento de las cooperativas y la economía solidaria, e incluso la legislación se vuelva una traba para el desarrollo del sector.


Estos análisis estadísticos, econométricos y jurídicos, se pueden reforzar con hechos contundentes como la emisión de normatividad relacionada con cooperativas de trabajadores en nuestro país durante la década de los años dos mil, la cual, ante inmensos vacíos en materia de vigilancia, supervisión y control sobre modelos distorsionados, en su momento denominados “seudo cooperativas”, derivó en un marco jurídico absolutamente restrictivo para el modelo mencionado, limitando una posibilidad real para la población de autogestionar su desarrollo con base en sus habilidades técnicas y profesionales.


Es bajo este panorama que se vuelve indispensable la aprobación de una política pública que permita tener en la legislación colombiana un marco integral que brinde seguridad jurídica, estímulos para la creación de organizaciones cooperativas y promoción de los beneficios de la economía solidaria y cooperativa al conjunto de la sociedad colombiana. Este es el Pacto por la Economía Solidaria y Cooperativa que Confecoop presentó para ser incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.


Bibliografía
Caro, E. (2013) Cooperativismo y Complejidad. Implementación del cooperativismo financiero en Colombia (1997-2011). Universidad del Rosario.
Hernández Salazar, G.A. y Olaya Pardo, A.M. (2018). El marco legislativo y su efecto sobre el crecimiento del sector cooperativo en Colombia (1933-2014). REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, Primer Cuatrimestre, Nº 127, pp. 139-158. DOI: 10.5209/REVE.58398.
Procuraduría General de la Nación (2011) Políticas Públicas y Cooperativismo en Colombia. Instituto de Estudios del Ministerio Público. IEMP ediciones.
 

Fuente: Confecoop


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